El Ministerio de Economía y Competitividad trabaja en un paquete de iniciativas para favorecer al pequeño comercio, cuya facturación cayó el 17% en 2011. El ministro Luis de Guindos señaló ayer que las reformas financieras y laboral llevarán crédito y flexibilidad en la contratación al sector, pero además se prepara una línea ICO de liquidez y se suprimirán las licencias previas de obra y apertura de nuevos negocios.

De Guindos puso ayer el acento en su intervención parlamentaria en la distribución comercial, un sector que emplea a tres millones de personas y que cerró 2011 con su cuarta bajada consecutiva en facturación. El Gobierno cree que con reformas generales como la financiera y la laboral este sector accederá al crédito y la flexibilidad en la contratación que ahora necesita. Pero además se trabaja en una línea ICO para aportar financiación a los pequeños negocios, aunque el ministro no dio detalles ni de la cuantía ni del tipo de interés.

"Es fundamental que el sector se vea favorecido por la simplificación administrativa", añadió De Guindos. Esta orientación ya venía marcada por la Directiva de Servicios. Para ello, el Gobierno aprobará una ley para suprimir las licencias previas de apertura y obra para nuevos negocios con el objetivo de no ralentizar "decisiones de inversión y contratación" por parte de los emprendedores. Estos controles ex ante se sustituirán por otros a posteriori cuando el comercio ya esté en marcha. La Secretaría de Estado de Comercio aclaró que no se va a suprimir la segunda licencia que otorgan las comunidades a las grandes superficies.

En España, dijo De Guindos, la unidad de mercado "está entorpecida por exceso de regulación" que desincentiva la inversión, por lo que el Gobierno impulsará que cualquier producto pueda ser ofrecido en cualquier punto del territorio sin trámite adicional. Cataluña ya está trabajando en la simplificación de licencias, según la Generalitat.

El Gobierno tiene también nuevos planes para el ICO, pues este viernes se aprobará una nueva línea de financiación destinada a los ayuntamientos para que paguen a proveedores y afronten vencimientos de deuda. Como la que se aprobó para comunidades de 15.000 millones la semana pasada, el Ejecutivo exigirá a los beneficiarios de la línea máxima disciplina presupuestaria. "Los problemas de déficit que estamos viendo son por malas decisiones presupuestarias del pasado", aseguró.