Corría principios de la primera década del siglo XXI y la globalización, oportunidad para algunos y proceso destructor para otros, comenzaba a hacer mella en unos sectores tradicionales valencianos acosados por la manufacturas baratas de los países asiáticos y, en especial, de China. La dura política contra las prácticas anticompetencia de la UE impedía compensar a las empresas valencianas con ayudas directas, pero la legislación dejaba abierto el resquicio a la subvención de proyectos destinados a mejorar la competitividad a través del desarrollo de productos, la introducción de mejoras tecnológicas o el estudio de nuevos mercados. «Textiles y otras manufacturas se encontraban en una situación complicada. Alguna industria podía subsistir, pero para otras iba a ser imposible», sostiene un alto cargo de la Generalitat que trabajó en la elaboración de los primeros planes de competitividad.

Aprovechando las ayudas específicas disponibles en la UE, el Gobierno central y el presupuesto autonómico, el Consell desarrolló un marco de ayudas que tenía como objetivo propiciar una transformación en la industria valenciana capaz de mejorar su posición en los mercados nacional e internacional. Miguel Peralta, conseller de Industria entre 2003 y 2004, fue quien negoció los primeros planes, aunque su sucesor Justo Nieto, se encargó de ponerlos en marcha a partir de 2005.

Seis años después, la Generalitat ha decidido dar carpetazo al modelo para sustituirlo por un nuevo marco de incentivos dirigidos directamente a las empresas y en el que la concurrencia competitiva y la generación de empleo sean requisitos para la obtención de fondos. Las organizaciones empresariales dejarán de ser receptoras de un importante paquete de fondos ¿A qué se debe el cambio? ¿Era erróneo un modelo en el que la Generalitat valenciana ha invertido más de 200 millones de euros? «Creo que en general han sido útiles. Lo que ocurre es que quizás el café para todos no ha sido lo más conveniente. Eso ha llevado a que quizás algunos sectores o empresas han utilizado los planes de forma diferente a objetivo principal, que era mejorar la competitividad y afrontar la globalización«, opina Vicente Folgado, presidente de la patronal del mueble y la madera Fevama. Folgado defiende el papel que las organizaciones empresariales han jugado en la canalización de las ayudas, un sistema que el nuevo plan de incentivos quiere modificar. A juicio de este empresario, pequeñas y medianas empresas han podido aprovechar iniciativas de mayor calado de las patronales. Pone como ejemplo la creación del Observatorio del Hábitat o la labor de asistencia en ferias. Folgado expone otras ventajas: «Si se hace una actuación conjunta a través de una federación instituto tecnológico se queda todo aquí. Una empresa en solitario puede aliarse con entidades de otros países», señala. Pese a todo, Folgado cree que el objetivo de los nuevos incentivos es corregir los defectos del modelo anterior para garantizar que el dinero llegue a cumplir su objetivo.

Un ex alto cargo con altas responsabilidades en Industria no comparte esta visión. «Tiene que desaparecer la ayuda a las patronales y sindicatos porque al final viven de eso, para que vaya directamente a las empresas. Hay que ir a proyectos concretos», afirma.

Lo cierto es que la nueva fórmula va a estar muy condicionada por las apreturas presupuestarias. Muchos de los proyectos de los planes de competitividad de 2011, pese estar finalizados y devengados, todavía no han recibido el dinero presupuestado, que ascendía a 47 millones de euros. Como otros muchos colectivos, proveedores o contratistas, la industria regional sufre los problemas de morosidad del Consell.

En este contexto es difícil cree que la Conselleria de Industria pueda poner en el mercado los 200 millones de euros en que cuantifica el Plan de Incentivos 2012. Lo que sí va a cambiar es la forma de entender el reparto. Según los planes del conseller Máximo Buch, si hasta ahora la conselleria canalizaba ayudas a través del Impiva o el IVEX en función de su objetivo, ahora será un único órgano gestor el encargado de tramitar los proyectos basado en los ejes de innovación empresarial, internacionalización, eficiencia energética, comercio y facilidades de financiación. La concurrencia competitiva será básica para acceder a los fondos (no hay nadie con el dinero preasignado) y se medirá en términos de generación de empleo y crecimiento económico. La Generalitat quiere además reforzar los proceso de evaluación para asegurar la eficiencia de los incentivos.

Levante 11/03/2012